Los abogados de Sergio Daniel Urribarri, exgobernador de Entre Ríos, presentaron un recurso de hábeas corpus ante la jueza de Garantías Carola Bacaluzzo, con el objetivo de anular la decisión de la Cámara de Casación Penal de Paraná, que el martes ordenó su prisión preventiva por riesgo de fuga. La misma medida también afecta a su cuñado, Juan Pablo Aguilera.
Bacaluzzo, quien actualmente ejerce como Relatora de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y está vinculada al vocal Daniel Carubia, pronto dejará su cargo de jueza suplente para retomar su función anterior. La audiencia para decidir sobre la libertad de Urribarri y Aguilera se llevará a cabo este miércoles a las 9 de la mañana.
Los abogados presentaron el recurso ante la Cámara de Casación, que lo derivó a la Sala Penal del STJ. Sin embargo, los jueces decidieron que la jueza de Garantías se encargara de tratar el hábeas corpus y dictar una resolución al respecto.
El hábeas corpus es un recurso legal que protege la libertad individual y busca evitar detenciones o arrestos ilegales. En este caso, la defensa de Urribarri sostiene que la decisión de la Cámara de Casación Penal vulnera los derechos de su cliente y solicita su revisión. Un antecedente similar ocurrió el 24 de diciembre de 2018, cuando abogados del urribarrismo presentaron una apelación ante el juez de Garantías Mauricio Mayer para conseguir la libertad de los imputados en la causa de «contratos truchos», entre ellos, Aguilera. En esa ocasión, Mayer accedió a la solicitud y otorgó la libertad de los detenidos. Este martes, los abogados intentaron presentar el hábeas corpus ante Mayer, pero al encontrarse de licencia, acudieron a Bacaluzzo.
Urribarri fue condenado a 8 años de prisión por diversos delitos cometidos durante su mandato como gobernador de Entre Ríos (2007-2015), aunque su defensa sigue luchando por revocar esta sentencia, que actualmente está pendiente de revisión por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El recurso fue presentado por los abogados Fernando Burlando, Ignacio Baños y Leopoldo Cappa, quienes argumentan que «la libertad locomotiva, uno de los derechos más fundamentales de la persona humana, debe ser protegida en cualquier circunstancia», y más aún cuando se trata de una medida cautelar de prisión preventiva, que debe ser excepcional.
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